EL CONTROL PREVIO
Uno de los grandes dilemas en el que siempre nos encontramos los panameños es el de cómo balancear la necesidad de salvaguardar los activos del Estado frente a la corrupción, versus la eficiencia administrativa que necesitamos de al administración pública. En estos términos debería plantearse la discusión de la reforma constitucional y no sólo en los de un lado de la ecuación, el de la corrupción.
Este dilema no sólo lo encontramos a nivel público. De hecho, es uno de los problemas de la eficiencia de nuestro sector privado. Así y en razón de la desconfianza que le tenemos a la efectividad de nuestras instituciones judiciales, el crédito tiende a ser rígido y con garantías previas. O, para ponerlo de manera jocosa, el día que a un dueño de restaurante chino le roban las salsas chinas de las mesas, ese día las quita todas, para que no se las vuelvan a robar, auque con ello se desmejore su servicio.
Volviendo al sector público, la tesis de la prevención ha sido la que hemos preferido los panameños en los años de restauración democrática. En este sentido, casi todos los controladores generales de la democracia han practicado ávidamente el control previo. No me cabe duda que dicha actuación ha prevenido que no se hayan dado algunas corruptelas y abusos por parte de funcionarios públicos. Pero, también es indudable que no detuvo la corrupción. Y es que el problema de la corrupción en Panamá tiene mucho más que ver con la efectividad de nuestras instituciones judiciales y fiscalizadoras que con el control previo.
Lo que es peor, como hemos visto en las actuaciones recientes de algunos funcionarios, dichos controles son generalmente establecidos de manera selectiva. Mientras que se hacen de la vista gorda de obvios abusos de los recursos públicos harto conocidos, paralelamente se ha aplicado el control previo tanto como para impedir que se llevan adelante gastos en políticas que no cuentan el respaldo del contralor de turno, o a funcionarios que no parecen ser de su agrado.
Al tener este poder tan amplio, de hecho el Contralor se convierte en un co-gobernante, desfigurando completamente su función y la eficiencia del gobierno. Y, lo que es más, este poder abre la puerta a otro tipo de corrupción, la del propio Contralor, el cual podría solicitar prebendas a cambio de su firma (recordemos que la corrupción no es sólo obtener beneficios monetarios, lo es también el obtener otro tipo de beneficios personales o familiares, tanto del sector público como privado). Pero, a pesar de esto, muchos panameños piensan que es mejor este sistema, que el de permitir que se den asaltos desaforados al erario público, tal como vemos continuamente en algunos países centroamericanos.
En realidad, una administración pública moderna, indispensable para convertirnos en un país desarrollado, no puede darse con este método. Los panameños debemos encontrar un mejor método que permita la prevención de la corrupción, como la transparencia en todas las compras y actuaciones de la administración pública. Es indispensable que Panamá supere estos atavismo y tome riesgos. Porque no hay duda que significa tomar riesgos la eliminación del control previo. Tal vez nos encontremos con robos a las arcas del Estado que antes no se daban (si no hay transparencia), pero esos casos no serán en toda la administración pública, lo que permitirá que el resto funcione mas apropiadamente. Los casos de corrupción que se den, deberán ser enfrentados con fuerza por toda la sociedad en general y por el órgano judicial, en particular.
Pero, por otro lado, también para lograr un país desarrollado necesitamos una justicia y fiscalización eficiente, ciega al perseguir los delitos y equitativa a la hora de aplicar la ley. Esto no se da en Panamá y es la parte que sólo se generará con una dirigencia comprometida con ese objetivo, a través de solucionar la deslegitimación de la justicia.
Este problema, el de la administración de justicia, debemos atacarlo en el debate constitucional que se ha abierto, con criterios amplios y desprendimiento de parte de todos los panameños. Si no lo logramos en esta oportunidad o pronto, será no sólo difícil superar el atavismo del control previo y otros similares, sino que seguiremos irremediablemente en el subdesarrollo.
Este dilema no sólo lo encontramos a nivel público. De hecho, es uno de los problemas de la eficiencia de nuestro sector privado. Así y en razón de la desconfianza que le tenemos a la efectividad de nuestras instituciones judiciales, el crédito tiende a ser rígido y con garantías previas. O, para ponerlo de manera jocosa, el día que a un dueño de restaurante chino le roban las salsas chinas de las mesas, ese día las quita todas, para que no se las vuelvan a robar, auque con ello se desmejore su servicio.
Volviendo al sector público, la tesis de la prevención ha sido la que hemos preferido los panameños en los años de restauración democrática. En este sentido, casi todos los controladores generales de la democracia han practicado ávidamente el control previo. No me cabe duda que dicha actuación ha prevenido que no se hayan dado algunas corruptelas y abusos por parte de funcionarios públicos. Pero, también es indudable que no detuvo la corrupción. Y es que el problema de la corrupción en Panamá tiene mucho más que ver con la efectividad de nuestras instituciones judiciales y fiscalizadoras que con el control previo.
Lo que es peor, como hemos visto en las actuaciones recientes de algunos funcionarios, dichos controles son generalmente establecidos de manera selectiva. Mientras que se hacen de la vista gorda de obvios abusos de los recursos públicos harto conocidos, paralelamente se ha aplicado el control previo tanto como para impedir que se llevan adelante gastos en políticas que no cuentan el respaldo del contralor de turno, o a funcionarios que no parecen ser de su agrado.
Al tener este poder tan amplio, de hecho el Contralor se convierte en un co-gobernante, desfigurando completamente su función y la eficiencia del gobierno. Y, lo que es más, este poder abre la puerta a otro tipo de corrupción, la del propio Contralor, el cual podría solicitar prebendas a cambio de su firma (recordemos que la corrupción no es sólo obtener beneficios monetarios, lo es también el obtener otro tipo de beneficios personales o familiares, tanto del sector público como privado). Pero, a pesar de esto, muchos panameños piensan que es mejor este sistema, que el de permitir que se den asaltos desaforados al erario público, tal como vemos continuamente en algunos países centroamericanos.
En realidad, una administración pública moderna, indispensable para convertirnos en un país desarrollado, no puede darse con este método. Los panameños debemos encontrar un mejor método que permita la prevención de la corrupción, como la transparencia en todas las compras y actuaciones de la administración pública. Es indispensable que Panamá supere estos atavismo y tome riesgos. Porque no hay duda que significa tomar riesgos la eliminación del control previo. Tal vez nos encontremos con robos a las arcas del Estado que antes no se daban (si no hay transparencia), pero esos casos no serán en toda la administración pública, lo que permitirá que el resto funcione mas apropiadamente. Los casos de corrupción que se den, deberán ser enfrentados con fuerza por toda la sociedad en general y por el órgano judicial, en particular.
Pero, por otro lado, también para lograr un país desarrollado necesitamos una justicia y fiscalización eficiente, ciega al perseguir los delitos y equitativa a la hora de aplicar la ley. Esto no se da en Panamá y es la parte que sólo se generará con una dirigencia comprometida con ese objetivo, a través de solucionar la deslegitimación de la justicia.
Este problema, el de la administración de justicia, debemos atacarlo en el debate constitucional que se ha abierto, con criterios amplios y desprendimiento de parte de todos los panameños. Si no lo logramos en esta oportunidad o pronto, será no sólo difícil superar el atavismo del control previo y otros similares, sino que seguiremos irremediablemente en el subdesarrollo.
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