PENSANDO EN LIBERTAD

Con motivo del inicio de las campañas políticas (1999), en casi todos los sectores políticos se ha desatado un intempestivo ataque a las políticas de liberalización económica, emprendidas por los dos gobiernos surgidos de las urnas, desde el retorno de la democracia a nuestro país. Este ataque ni siquiera intenta enmascarar sus intenciones en análisis racionales de la situación económica del país, sino más bien, basa su sustentación en la pasión, los silogismos, las verdades a medias, la demagogia pura y simple y, por último, pero no menos importante, en un estilo muy nuestro de ver conspiraciones en todos lados. Debido a que por razones profesionales he tenido la suerte y la desdicha, de poder analizar con detenimiento muchas de estas, aparentes razones, para mantener en el país un sistema paternalista y populista, me siento sumamente preocupado por el nivel de desinformación que veo permanente en todos los medios de comunicación con relación a estos temas. Y, lo que más me asombr

COMERCIO EXTERIOR: ATAQUE AL DESEMPLEO Creo que nadie puede negar que la pobreza y el desempleo son los dos problemas humanos más acuciantes que confronta la Nación. Los panameños podemos no estar de acuerdo en las causas que han generado esta situación, pero ciertamente todos estamos de acuerdo en que sólo a traves de la inversión, estatal o privada, podremos superar el problema del desempleo. Ante las evidentes limitantes financieras que afectan al Estado, este no puede afrontar inversiones de la magnitud que el problema requiere (sin entrar en el debate de la ineficiencia o no del Estado como inversionista), por lo que debemos procurar la generación de empleos a traves de la inversión privada. En el mundo de hoy, Panamá compite con otros países por esta inversión. Por esto, es indispensable que el inversionista no sólo sienta un “clima favorable”, sino que las inversiones constituyan un negocio comparativamente atractivo, de forma tal que este dispuesto a tomar el riesgo. Los

“La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión.” (Aristóteles). Uno de los temas favoritos de los políticos de todas las tendencias, es el de la necesaria distribución de la riqueza en Panamá, debido a las desigualdades existentes. Pero, cuando hablamos de riqueza, debemos tener claro que no se trata de que sólo hay una cantidad de riqueza dada. En un país, la riqueza la produce el trabajo de sus habitantes. Trabajo que en algunos casos es más productivo. Por eso, la riqueza puede crecer en la medida que crezca la productividad del trabajo de más panameños. También puede decrecer si la productividad cae. Por eso, es más importante observar cómo se crea la riqueza, para que más personas la creen, que en cómo quitarle a los que más producen para darle a los que menos. Porque la riqueza no está en el valor de las cosas, sino que lo está en el disfrute de la posesión, como bien lo señaló Aristóteles en la antigüedad. En la distribución a la fuerza, no crece la riqueza, si

La fuerza de los sofismas económicos, basados en el mercantilismo, el nacionalismo económico, el socialismo y las teorías de la dependencia, hacen que Latinoamérica constantemente pierde el rumbo del desarrollo. El análisis económico sustentado en estos sofismas conlleva la adopción de políticas proteccionistas y distributivas, con el supuesto afán de lograr eliminar la pobreza. Por ejemplo, los intercambios comerciales se consideran positivos solamente cuando se da un superávit en la balanza comercial. Al darse lo contrario, se estima que deben substituirse las importaciones y/u otorgársele incentivos a las exportaciones (devaluaciones monetarias, tasas de cambio o arancel preferencial para insumos y hasta pagos directos). Lo que nunca han entendido los que así piensan, es que el objeto de vender es comprar, o tener el poder de hacerlo a voluntad. Cuando se vende y se prohíbe comprar, la gente sólo se hace más pobre. Excepto por los que se quedan con el beneficio desproporcionado que

Uno de los grandes dilemas en el que siempre nos encontramos los panameños es el de cómo balancear la necesidad de salvaguardar los activos del Estado frente a la corrupción, versus la eficiencia administrativa que necesitamos de al administración pública. En estos términos debería plantearse la discusión de la reforma constitucional y no sólo en los de un lado de la ecuación, el de la corrupción. Este dilema no sólo lo encontramos a nivel público. De hecho, es uno de los problemas de la eficiencia de nuestro sector privado. Así y en razón de la desconfianza que le tenemos a la efectividad de nuestras instituciones judiciales, el crédito tiende a ser rígido y con garantías previas. O, para ponerlo de manera jocosa, el día que a un dueño de restaurante chino le roban las salsas chinas de las mesas, ese día las quita todas, para que no se las vuelvan a robar, auque con ello se desmejore su servicio. Volviendo al sector público, la tesis de la prevención ha sido la que hemos preferido

Son increíbles las cosas que acontecen en Panamá. De cara a los ciudadanos, sin ningún ambage, oímos a defensores de intereses y a funcionarios públicos solicitar y hacer cosas que nos roban nuestros derechos y nuestra propiedad. Así vemos al Director Ejecutivo de ANAGAN salir a los medios a informar que su gremio le exige al Gobierno los compense porque no ha llovido. Es decir, el Gobierno constituido por políticos que administran los fondos de los contribuyentes que pagamos impuestos, que no incluye a los ganaderos porque están exonerados, deberá magnánimamente regalarle plata de los programas sociales a los ganaderos por no hacer su trabajo bien y equiparse con medios de riego. Si este argumento es válido para los ganaderos, nos preguntamos si no es válido también para los pobres panameños que salen a vender lo que puedan en las esquinas y que no venden cuando llueve, o los comerciantes cuando los estudiantes trancan las calles o la planchadora cuando no puede llegar a planchar p

En lo que parece un abuso contra la buena fé de Panamá, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) mantuvo a nuestro país en la lista negra de países que no colaboran con la lucha en contra del lavado de dinero. Esta actuación del GAFI sólo demuestra que la actuación de Panamá en el futuro, con relación a esta lista y otras que se están elaborando, debe ser manejada con una visión global que permita diseñar una estrategia que, en función de sus intereses, identifique todas las opciones que el país tiene, para actuar de forma firme y con conocimiento de causa en el desarrollo y ejecución de esta la misma. No debemos volver a adoptar medidas a la carrera, sin medir su impacto en la economía nacional, ni su eficacia en lograr la salida de las listas. Por esto, la estrategia sugerida debe medir, además, el impacto que en la competitividad de los servicios panameños puede tener la adopción de las medidas solicitadas. En especial, con relación a los propios países miembros de los organismos que

La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de Ley No. 128, mediante el cual pretende que se continúe con la terrible práctica de uniformar la educación, según el criterio de los burócratas del Ministerio de Educación y los intereses de los autores y editores de libros. Con la excusa de que los padres de familia les cuesta mucho los cambios de los libros de texto, la Asamblea ha aprobado una ley digna de la dictadura Nazi. Se trata de que la educación sea igual, inmutable, sin cambios y avances y, sobre todo, nacional. Es decir, se prohibe pensar diferente, se prohibe la innovación, se prohibe el progreso, se prohibe el avance del conocimiento, y sólo se permiten las enseñanzas y los libros de texto que se adaptan a la Filosofía Educativa Nacional. Nos imaginamos que como la mayor parte del conocimiento humano se produce en Panamá y los autores panameños tienen un conocimiento superior, para qué vamos a importar conocimiento que pueda afectar la brillante Filosofía Educativa Nacional.

En diversos medios de comunicación, ciudadanos de diversa índole han pretendido señalar que la corrupción proviene de los empresarios, de los políticos o de tal o cual grupo social. Me siento obligado a rechazar estas afirmaciones de forma categórica. En primer lugar, la corrupción no tiene partido político, actividad económica, grupo social o ideología alguna. La corrupción se encuentra presente en todas partes de la sociedad panameña. Acusar a un grupo u otro de corrupción generalizando la conducta reprochable de alguno de sus miembros, no sólo es injusto, sino que es hipócrita y probablemente motivado por obscuros intereses deseosos de desviar la atención sobre el problema o de, lo que es peor, fomentar la impunidad, mediante el argumento de que “todos somos corrupto” o a través del descrédito personal de quienes nos sentimos obligados a defender el Estado de Derecho y la honestidad. Para la APEDE, organización a la cual pertenezco y presido, el tema tiene

Desde la época colonial, los habitantes del Istmo trataron de diferentes maneras de lograr su desarrollo interno a través del libre comercio, promoviendo la legalización del comercio existente desde Panamá (Coclé, para ser más exactos) y las colonias británicas y holandesas del Caribe. De este esfuerzo sólo se logró que los barcos ingleses pudiesen participar con restricciones en las ferias de Portobelo, por lo que el comercio se mantuvo de forma ilegal [1] . Una vez se dá la Independencia de España y nos unimos a Colombia, nos encontramos nuevamente con dificultades para lograr la libertad comercial tan anhelada por los Istmeños. Esto, a pesar de la inclusión, en el Acta de Independencia, “del derecho de preservar la facultad de administrar nuestros reglamentos económicos” [2] . Tanto en 1830, en el período confuso que se dá en la nación Colombiana, como a partir de 1841, con la Constitución del Estado Libre del Istmo y subsiguientes constitucion

Motivados por el desencanto de los panameños con nuestro sistema político, en especial por la destrucción de la institucionalidad en los últimos cuatro años, un grupo de personas pretenden suplantar, desde la sociedad civil, la función que le corresponde al poder popular y a la de sus representantes. Mediante este actuar, están desarrollando un nuevo corporativismo a la panameña, que dista mucho de ser democrático, aún cuando sus motivos sean válidos y bien intencionados. El último de estos ejemplos lo podemos observar en la descripción de una Constituyente paralela que hace el Comité Ecuménico, en las libretas que repartió para su firma entre la ciudadanía. Específicamente, estas libretas dicen lo siguiente: “Estoy de acuerdo con que se haga una nueva Constitución en los dos primeros años del próximo período de gobierno, mediante una asamblea constituyente paralela, con la representación equitativa de los partidos políticos y la sociedad civil. Dicha asamblea no interferirá …” (el é

Mediante el proyecto de Ley No. 85, la Asamblea Legislativa aprobó, sujeto a sanción de la Presidenta de la República, una ley que nacionaliza el ejercicio de la profesión de químico. Esta ley viene a sumarse a una serie de leyes similares que imponen la nacionalidad como condidción para ejercer una profesión. Esto es errado, le hace daño a la economía nacional, viola los derechos humanos, viola la Constitución Nacional y atrasa el desarrollo intelectual de estas actividades. Veamos porqué. Es errado poner como condición para el ejercicio de una profesión el que se tenga una nacionalidad determinada porque impide la importación de talento y el desarrollo de estas disciplinas para beneficio de todos los panameños y de los consumidores de estas profesiones. Es evidente que en muchas de estas actividades Panamá no es la cuna del conocimiento de las mismas. Es más, la mayor parte de nuestro conocimiento proviene del conocimiento universal y requiere del saber de otras latitudes para d

Uno de los temas que ha generado fuerte oposición de las reformas constitucionales, presentadas por el presidente electo, es el de la cantidad de personas que son necesarias para llamar a una constituyente paralela. En este sentido, el proyecto presentado indica que el 25% del electorado tendrá la facultad de llamar a una constituyente paralela. Casi sin excepción, todos los grupos que favorecen el llamado a una constituyente se han pronunciado en el sentido de que esta facultad constitucional sea ejercida por sólo 5% de los panameños. Lo cierto es que el tema requiere de un debate mas allá de los números, y mas de acuerdo con la necesidad institucional del país. Como es comprensible, en la parte que incluye la posiblilidad de reformas constitucionales, casi todas las constituciones del mundo adoptan mecanismos que requieren de un amplio consenso político para lograrlo. Esto tiene su lógica, ya que una reforma constitucional implica cambios a las reglas fundamentales de convivencia

En todas las encuestas de opinión pública es reiterativo: los panameños consideramos que el principal problema del país radica en la falta de empleos. Esta reiteración sugiere, entre otras cosas, que los panameños que trabajan sienten inseguridad de mantener dichos empleos; que aquellos que no trabajan o están próximos a entrar al mercado laboral, no ven un futuro cierto para su progreso; y, en general, hay una falta de esperanza en el futuro. Parte del problema, en lo que se refiere a esta percepción, radica en que no nos fijamos en la generación de empleos, sino en la falta de estos. Además, a los panameños, debido a la situación de necesidad económica en que vive la mayoría, no les importa la calidad del empleo, con tal de llevar el pan a la casa. Pero lo cierto es que el único empleo de calidad lo genera la empresa privada formal. Es más, ya a través de distintos medios, los políticos de todas las tendencias (serias) han señalado con claridad que el problema del desempleo solo pued

Para gobernar con éxito, hay que saber ejercer la autoridad y no el poder. Parafraseando a Max Weber, el poder es la capacidad de forzar o coaccionar a alguien, para que éste, aunque preferiría no hacerla, haga la voluntad del poderoso debido a su posición de fuerza. Mientras que autoridad es el arte de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que tú quieres debido a tu influencia personal. Ahora bien, lo anterior no quiere decir que para gobernar, en ocasiones, es necesario ejercer el poder. Sin duda, cuando no existe forma alguna de lograr, mediante el uso de la autoridad, que voluntariamente se lleven a cabo ciertas acciones, entonces el gobernante debe ejercer el poder. Pero, al hacerlo debe explicar porqué lo hace y cuál es el bien común que lo ha obligado a llegar a ese extremo. Si no explica, como hemos visto con gobiernos anteriores, se comienza a perder la autoridad. En la administración que acaba de pasar, el ejercicio del poder se llevó a cabo de manera indiscutib

La población panameña, en base al Censo 2000, alcanzó un total de 2, 839,177 personas, de las que el 62% vivía en área urbana y 38% en área rural. En lo que a pobreza se refiere, las siguientes son las cifras del informe del PNUD al respecto (año 2000): Los pobres urbanos son 408,408 personas, que equivale al 23% del total de población urbana, la cual es de 1, 764,771 personas (esta población incluye la indígena urbana). Los pobres rurales son 723,031 que equivale al 91% del total de población rural, que es de 789,175 (esta población incluye la indígena rural) Es decir que, a pesar de que la población urbana es sustancialmente mayoritaria (62%), los pobres rurales son sustancialmente más que los urbanos en términos absolutos. Hay 1.8 pobres rurales por cada pobre urbano. Además, es muy significativo que el 91% de la población rural sea pobre y que gran parte de la pobreza urbana es de origen rural que ha emigrado a las ciudades. Es obvio, pues, que en el campo está nuestra principal f