LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA COMPETITIVIDAD

No hay duda que el secreto para atacar el desempleo es la creación de más empresas privadas. No hay otro camino que sea sostenible en el tiempo, porque si el empleo proviene del gobierno o de una empresa estatal (típicamente en monopolio), los recursos utilizados para crear esos trabajos provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos productivos o de precios que generan falta de competitividad a todo el país en conjunto.

Pero, si esto es así, no parecía ser la lógica de los gobiernos hasta hace poco. En un estudio reciente en el que participé, los requisitos necesarios para iniciar una empresa privada en Panamá eran barreras infranqueables, en particular si se trataba de una empresa micro. En efecto, al analizar qué había sucedido durante una año calendario, se comprobó que una empresa grande tardaba 5 días en estar lista para iniciar; una mediana, 27 días; una pequeña, 63 días; y una micro empresa ¡96 días!

Además del sesgo en contra de los que tienen menos recursos, cada uno de estos días tuvo un costo mucho mayor para una empresa pequeña que para una grande, en proporción a su rentabilidad. Pero, lo que es aún peor, en el período bajo estudio, uno de cada diez emprendedores no iniciaron su empresa, dejando de crear 5% de los empleos que se crearon, lo que representó aproximadamente 3,000 empleos perdidos. Mediante una extrapolación simple, esto significó un aproximado de US$ 700,000 dólares mensuales en planillas dejados de pagar.

Por la falta de transparencia y dificultad que generó este sistema, se generó un “sobrecosto” de 57%, en promedio, sobre los costos “legales” que debían incurrir para abrir una empresa. En algunos sectores, como discotecas y restaurantes, estos sobrecostos aumentan hasta un 90% en promedio.

Ante este panorama y luego de revisar todos los requisitos, legales y paralegales existentes, un equipo integrado por funcionarios y consultores, dirigido por la Unidad de Políticas Públicas del MEF, produjo una propuesta de ley que, apoyada en la tecnología y la responsabilidad individual, logran que la apertura de una empresa se pueda dar en menos de ¡24 horas! La propuesta pasó por todo el proceso de aprobación legislativa, hasta convertirse en la Ley No. 5 de 2007.

Esta nueva norma, que entrará en vigencia a partir del 11 de junio de 2007, elimina una enorme lista de requisitos para iniciar una empresa y crea un sistema electrónico, PanamaEmprende, que por internet permitirá que la empresa se registre y haga todos los pagos (municipales y estatales) que requiere para iniciar sus operaciones.

Esto quiere decir que empresas como barberías, restaurantes, fondas, comercios al por menor, al por mayor, distribuidores de bienes y servicios, alquiler de autos, talleres, discotecas, y un largo etcétera, podrán abrir en cuestión de horas. De hecho, para muchas empresas, se pasa de 184 pasos a un paso. Es importante recalcar que todas las empresas podrán beneficiarse de este sistema, pero aquellas que tienen regulaciones especiales (como bancos, compañías de seguros, empresas de ventas de armas, proyectos inmobiliarios, hospitales, farmacias, etc.), deberán cumplir con algunos pasos previos para poder beneficiarse del sistema.

Entre los requisitos que se eliminan están las licencias comerciales, las licencias de licores (en el caso de restaurantes y hoteles), el registro único de contribuyente, todos los requisitos de aprobación local y del gobierno central, tales como permisos de salud, de turismo, inscripción en el seguro social, etc.

La competitividad de Panamá, según la miden los distintos índices internacionales, debe mejorar de forma sustancial. Es más, ningún país tiene algo similar, ya que, aunque muchos tienen la posibilidad de hacer sus trámites por internet, ninguno ha centralizado estos trámites en un solo sistema tecnológico, incluyendo sus pagos a todos los niveles del gobierno.

El uso de la tecnología a servicio del ciudadano hace que los gobiernos sean más transparentes en sus gestiones, eliminan espacios de corrupción e incrementan la competitividad de la economía. Ahora depende de los ciudadanos hacer buen uso del sistema y entender que son personalmente responsables por el abuso de la misma.