LOS INTOLERANTES
Uno de los grandes desafíos de la democracia es la de cómo tratar a aquellos que desean destruirla. ¿Debe existir libertad de promover la destrucción de la democracia? ¿Cómo conjugo esta libertad con la amenaza que representa para todo el sistema y para los demás ciudadanos?
Normalmente, quienes desean acabar con la democracia, lo que buscan es imponer un sistema autocrático y, la más de las veces, totalitario. Quieren un sistema en donde, paradójicamente, no sea permitido promover su destrucción. Estas personas se amparan en los derechos y libertades que le otorga la democracia, para atacarla. Y, de ser exitosos, una vez acabada la democracia, no le reconocerían ese derecho y libertad a los ciudadanos.
Estos autócratas odian la libertad, los valores tradicionales de occidente, envidian el éxito de los demás, y piensan que son los poseedores de la única verdad. Para ellos, la vida de los ciudadanos tiene que ajustarse a lo que ellos piensan que es mejor. Para eso, usarán la coacción y el poder del Estado, a fin de no permitir otra forma de vida.
Están juntos en esta categoría, entre otros, aquellos que quieren imponer un régimen comunista y aquellos que piensan que su fe religiosa debe ser la única forma de vida aceptable en este mundo. Para ambos, aquellos que creemos en la democracia y la libertad, queremos que puedan seguir creyendo en sus ideas y creencias, a pesar de su intolerancia. Y es que la democracia se nutre de la diversidad y del debate de ideas.
Pero, volviendo a la pregunta original, ¿cómo es posible que la democracia permita que aquellos que la quieren destruir promuevan sus ideas? En realidad esta libertad tiene un límite en una democracia. Es el mismo límite que tienen todas las otras libertades de las que gozamos los ciudadanos en un Estado como el nuestro: la libertad de los demás. Es decir, nuestra libertad llega hasta donde comienza la de los otros ciudadanos.
Esto quiere decir que si, al promover mis ideas, limito la libertad de otros, la democracia debe reaccionar y detener esa extralimitación. La reacción es a través de la aplicación de la ley y sus consecuencias a quien ha infringido el derecho de terceros.
Y es que, cuando hablamos de democracia hoy en día, en realidad estamos hablando no sólo de la forma de gobierno, sino también de su organización. Es decir, incluye el Estado de Derecho o imperio de la ley. Lo que, a su vez, incluye la garantía del respeto a nuestra libertad individual. La democracia nos garantiza a cada uno de nosotros un espacio de libertad, en el cual no se puede meter ni siquiera la mayoría por votación popular.
Lamentablemente en Panamá adolecemos de un sistema de justicia con serios problemas. Estos problemas han afectado su credibilidad. ¿Cómo podemos hablar del imperio de la ley cuando esta se aplica selectivamente? ¿Cómo podemos señalar cuál es el límite de la libertad de uno frente al otro, si quien tiene que decidirla no cuenta ni con las herramientas ni la credibilidad para hacerlo? Sin duda se trata de un dilema.
Pero, ¿significa esto que no vivimos en un estado de derecho? ¿Que en realidad no tenemos una democracia en el sentido actual? Responder estas preguntas constituye parte de ese dilema. Si aceptamos que nuestra democracia no incluye el estado de derecho, entonces lo que existe es una dictadura de las mayorías o una anarquía. Votamos, elegimos, pero no somos gobernados por leyes ni nuestra libertad individual está garantizada.
Yo creo que vivimos en un estado de derecho imperfecto. No hay duda de que en Panamá nuestra administración de justicia deja mucho que desear, pero hemos ido poco a poco avanzando. Lo que sucede hoy en día no es ni sombra de lo que sucedía durante la dictadura militar, en donde no existía del todo el estado de derecho y mucho menos la garantía de nuestras libertades individuales.
Afirmar lo contrario es hacerle el juego a los intolerantes. Es aceptar que ellos tienen razón y que, sobre la base de esa afirmación, están justificados para violar las libertades y los derechos de los demás. Están justificados para irrespetar los derechos de los demás, en la medida que tengan la fuerza para hacerlo.
Pero como bien decía ese insigne líder mexicano, Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Esta es la única forma de convivir en democracia y libertad. De lo contrario, estaríamos haciendo exactamente aquello que los intolerantes quieren, acabar con la libertad de todos.
Estas simples ideas no parecen entenderla algunas personas y, por eso, cuando un sindicato sale a impedir el tránsito de terceros o a hostigar a trabajadores que han decidido agremiarse en tolda aparte a la de ellos, salen a reclamar la libertad que estos tienen. Pero ¿es esto libertad o imposición e intolerancia?
Normalmente, quienes desean acabar con la democracia, lo que buscan es imponer un sistema autocrático y, la más de las veces, totalitario. Quieren un sistema en donde, paradójicamente, no sea permitido promover su destrucción. Estas personas se amparan en los derechos y libertades que le otorga la democracia, para atacarla. Y, de ser exitosos, una vez acabada la democracia, no le reconocerían ese derecho y libertad a los ciudadanos.
Estos autócratas odian la libertad, los valores tradicionales de occidente, envidian el éxito de los demás, y piensan que son los poseedores de la única verdad. Para ellos, la vida de los ciudadanos tiene que ajustarse a lo que ellos piensan que es mejor. Para eso, usarán la coacción y el poder del Estado, a fin de no permitir otra forma de vida.
Están juntos en esta categoría, entre otros, aquellos que quieren imponer un régimen comunista y aquellos que piensan que su fe religiosa debe ser la única forma de vida aceptable en este mundo. Para ambos, aquellos que creemos en la democracia y la libertad, queremos que puedan seguir creyendo en sus ideas y creencias, a pesar de su intolerancia. Y es que la democracia se nutre de la diversidad y del debate de ideas.
Pero, volviendo a la pregunta original, ¿cómo es posible que la democracia permita que aquellos que la quieren destruir promuevan sus ideas? En realidad esta libertad tiene un límite en una democracia. Es el mismo límite que tienen todas las otras libertades de las que gozamos los ciudadanos en un Estado como el nuestro: la libertad de los demás. Es decir, nuestra libertad llega hasta donde comienza la de los otros ciudadanos.
Esto quiere decir que si, al promover mis ideas, limito la libertad de otros, la democracia debe reaccionar y detener esa extralimitación. La reacción es a través de la aplicación de la ley y sus consecuencias a quien ha infringido el derecho de terceros.
Y es que, cuando hablamos de democracia hoy en día, en realidad estamos hablando no sólo de la forma de gobierno, sino también de su organización. Es decir, incluye el Estado de Derecho o imperio de la ley. Lo que, a su vez, incluye la garantía del respeto a nuestra libertad individual. La democracia nos garantiza a cada uno de nosotros un espacio de libertad, en el cual no se puede meter ni siquiera la mayoría por votación popular.
Lamentablemente en Panamá adolecemos de un sistema de justicia con serios problemas. Estos problemas han afectado su credibilidad. ¿Cómo podemos hablar del imperio de la ley cuando esta se aplica selectivamente? ¿Cómo podemos señalar cuál es el límite de la libertad de uno frente al otro, si quien tiene que decidirla no cuenta ni con las herramientas ni la credibilidad para hacerlo? Sin duda se trata de un dilema.
Pero, ¿significa esto que no vivimos en un estado de derecho? ¿Que en realidad no tenemos una democracia en el sentido actual? Responder estas preguntas constituye parte de ese dilema. Si aceptamos que nuestra democracia no incluye el estado de derecho, entonces lo que existe es una dictadura de las mayorías o una anarquía. Votamos, elegimos, pero no somos gobernados por leyes ni nuestra libertad individual está garantizada.
Yo creo que vivimos en un estado de derecho imperfecto. No hay duda de que en Panamá nuestra administración de justicia deja mucho que desear, pero hemos ido poco a poco avanzando. Lo que sucede hoy en día no es ni sombra de lo que sucedía durante la dictadura militar, en donde no existía del todo el estado de derecho y mucho menos la garantía de nuestras libertades individuales.
Afirmar lo contrario es hacerle el juego a los intolerantes. Es aceptar que ellos tienen razón y que, sobre la base de esa afirmación, están justificados para violar las libertades y los derechos de los demás. Están justificados para irrespetar los derechos de los demás, en la medida que tengan la fuerza para hacerlo.
Pero como bien decía ese insigne líder mexicano, Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Esta es la única forma de convivir en democracia y libertad. De lo contrario, estaríamos haciendo exactamente aquello que los intolerantes quieren, acabar con la libertad de todos.
Estas simples ideas no parecen entenderla algunas personas y, por eso, cuando un sindicato sale a impedir el tránsito de terceros o a hostigar a trabajadores que han decidido agremiarse en tolda aparte a la de ellos, salen a reclamar la libertad que estos tienen. Pero ¿es esto libertad o imposición e intolerancia?
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