EN SALUD, ES EL MONOPOLIO ¡ESTÚPIDO!

Tomo el título de la famosa frase que le lanzara la campaña del ex presidente Clinton al ex presidente Bush en 1992: es la economía ¡estúpido!, la cual me venía a la mente cada vez que una de las partes del debate del sistema de salud, proponía una nueva forma de seguir esquilmando al ciudadano en beneficio de sus intereses. Para no caer en la discusión de intereses que dominó dicho debate (salarios, privatización, sistema único de salud, etc.), esperé hasta ahora para escribir este artículo.

Siempre me ha sorprendido cómo los panameños somos capaces de hacer abstracción de la parte filosófica y lógica de los problemas, para ponernos a discutir los efectos de políticas obviamente fracasadas, no para cambiarlas, sino para "mejorarlas". En el caso de la salud, todos dicen hablar por los pacientes y asegurados, pero ninguno propone darle control al usuario del servicio que recibe. Escribo este artículo para demostrar lo que digo y con el ánimo de convencer, a los proponentes de buena fe del nuevo sistema único de salud, de lo errado de su propuesta. Utilizo el título no con la intención de insultar a nadie, sino de llamar la atención ante algo que debería ser evidente.

En mi opinión, el único camino para que el sistema de salud público mejore es otorgándole todo el poder del servicio del mismo al usuario individual. A cada uno de los ciudadanos que lo usan, individualmente y no a través de representación. Y, la única forma de logar esto, es mediante la libertad de escoger su proveedor de servicio, sea este público o privado. En otras palabras, liberando al usuario del yugo del monopolio, abriéndole todas las posibilidades de servicios de salud que se merece y por los que paga.

El monopolio del suministro de cualquier bien o servicio, sea este público o privado, conlleva la subyugación del consumidor y del usuario, obligándolo a aceptar lo que le ofrecen, en las condiciones que se lo ofrecen y al precio que se lo ofrecen. Cuando el monopolio es público, el usuario está a merced de los políticos y de los gremios que controlan el ente que provee el servicio. Si es privado, está a merced de los accionistas o dueños de las empresas monopólicas. Sólo en un régimen abierto, en donde diversos proveedores compiten por el usuario, el usuario controla el sistema. Es él, cuando escoge al proveedor, el que determina a quién sus dineros irán y quién le está dando el nivel apropiado de servicio.

Esto no significa que propongo la privatización de los hospitales y clínicas públicas. Lo que propongo es quitarles el monopolio y, por extensión, ligarle sus ingresos a la preferencia del consumidor. De esta forma, cualquier proveedor de servicios de salud podría competir por la preferencia del usuario y esa preferencia implicaría un pago al proveedor, el cual estaría tasado y proveído por la CSS o el Ministerio de Salud, dependiendo de si es o no asegurado.

Incluso, si el usuario desea utilizar a un proveedor cuyo precio sea mayor al tasado por las instituciones correspondientes, este usuario podría pagar la diferencia de su propio peculio. Si la tasación se hace a los costos actuales del sistema público, los usuarios podrían pagarse una cama en el hospital Paitilla, por ejemplo, y este costaría menos que lo que cuesta una noche en una cama del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Sospecho que esta cifra también sería menor en muchos de los servicios que en la actualidad proveen las instalaciones públicas, ya que el costo de estas no importa para los políticos o los gremios, puesto que los que pagan (contribuyentes y asegurados) simplemente están secuestrados.

El hecho de que el usuario escoja su proveedor solucionaría los problemas de citas (tal como sucede en el sector privado en la actualidad), de huelgas (una huelga en el sector público no impediría acceso al servicio por parte del usuario, lo que debería ser el objetivo fundamental del sistema), y de acceso a medicinas e instalaciones hospitalarias. En otras palabras, el usuario no estaría sometido a la ineficiencia de los políticos de turno o a los chantajes gremiales. Más bien estos dependerían efectivamente de la preferencia del usuario para poder mantener el sistema público funcionando, porque sin su patrocinio no recibirían ingresos.

En definitiva, se trata de darle el poder al ciudadano y quitárselo a los proveedores. Se trata de darle la libertad de escoger a la gente y no la imposición y la coerción de los sistemas exclusivos. Se trata de acabar con el monopolio.

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